El tesorero y gerente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) despidió a una secretaria del partido por "bajo rendimiento" después de que ésta rechazara reiteradamente mantener con él relaciones sexuales. Según han asegurado a El Confidencial el abogado de la empleada y dos de sus compañeras de trabajo en la sede territorial de UPyD en Madrid, J. C. L. fue acosada sexualmente durante varios meses por S. A., primero a través de correos electrónicos y luego directamente en el despacho de su superior jerárquico. Ante las continuas negativas de la trabajadora, el tesorero le entregó la carta de despido el pasado mes de septiembre.
El Consejo de Dirección y la Comisión de Garantías del partido que preside Rosa Díez fueron puntualmente informados de los hechos, según consta en la denuncia interna formulada por un militante y ex dirigente de la formación, a la que ha tenido acceso este diario, y en la que se califica lo sucedido de "sumamente grave".
Pero ninguno de los órganos de dirección de UPyD se puso en contacto con J. C. L. siquiera para conocer de primera mano su versión de lo ocurrido. En vez de eso, la secretaria recibió la carta de despido, curiosamente pocos meses después de que el gerente le hubiese comunicado que había superado satisfactoriamente el periodo de prueba y la empleada firmara un contrato laboral indefinido.
En uno de los correos electrónicos internos que S. A. remitió a J. C. L., el gerente de UPyD, tras invitar a la secretaria a pasar un fin de semana juntos, llegaba a afirmar: "El hecho de que esté casado no es ningún problema. Yo soy muy libertino".
Los mensajes se fueron sucediendo, pero siempre eran rechazados o ignorados por la empleada, según asegura su abogado. Hasta que, poco antes de las vacaciones veraniegas de 2010, S. A. llamó a J. C. L. a su despacho, en la sede central del partido, y le propuso abiertamente tener un encuentro sexual, ofrecimiento que ella volvió a desdeñar antes de salir apresuradamente del despacho, siempre según su letrado.
"No cumplía con sus funciones"
El directivo de UPyD no ha respondido a las numerosas llamadas de El Confidencial para que ofreciera su versión de los hechos. Sí lo ha hecho un portavoz oficial del partido, según el cual J. C. L. fue despedida porque "no cumplía con sus funciones", sin dar más detalles, aunque reconoce la existencia de esos correos subidos de tono y admite que pocos meses antes el mismo gerente que la despidió le había ofrecido mejorar su contrato temporal con otro indefinido, que la secretaria firmó.
"UPyD no tiene responsabilidad alguna en este asunto. Abrimos una investigación interna y llegamos a la conclusión de que no hubo acoso sexual. Además, ella pudo haber denunciado a la dirección del partido ese supuesto acoso y no lo hizo hasta que fue despedida, ni tampoco acudió luego a los tribunales", argumentó el mencionado portavoz.
El abogado de J. C. L. sostiene, en cambio, que si su cliente no puso antes los hechos en conocimiento de la dirección de UPyD fue "por miedo a las represalias y a perder su puesto de trabajo". Esas represalias, sin embargo, sí llegaron a producirse. Tras rechazar J. C. L. las propuestas sexuales de su jefe, tanto ella como las otras dos administrativas que trabajaban en la sede territorial del partido en Madrid empezaron a sufrir acoso laboral, según aseguran ellas mismas: trato vejatorio, cambios repentinos de turno, jornadas de fin de semana...
El abogado admite que animó a su cliente a acudir a la vía penal para denunciar a S. A. por acoso sexual, pero J. C. L. se opuso con el argumento de que quería proteger su intimidad y evitar a sus hijos y familiares el "bochorno" de que la denuncia saltara a los medios de comunicación.
Lo que sí hizo la ex empleada de UPyD fue denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo. El pasado 23 de febrero, una inspectora de este organismo remitió un escrito a esta formación política en la que exigía que, en un plazo máximo de dos meses, elaborase un plan de "evaluación psicosocial" que permitiese detectar los "riesgos" derivados de situaciones de "carga mental, estrés y acoso psicológico y sexual". Un portavoz del partido aseguró ayer a El Confidencial que esa "evaluación psicosocial" ya ha sido entregada a la Inspección de Trabajo, extremo que este diario no pudo verificar.
El Consejo de Dirección y la Comisión de Garantías del partido que preside Rosa Díez fueron puntualmente informados de los hechos, según consta en la denuncia interna formulada por un militante y ex dirigente de la formación, a la que ha tenido acceso este diario, y en la que se califica lo sucedido de "sumamente grave".
Pero ninguno de los órganos de dirección de UPyD se puso en contacto con J. C. L. siquiera para conocer de primera mano su versión de lo ocurrido. En vez de eso, la secretaria recibió la carta de despido, curiosamente pocos meses después de que el gerente le hubiese comunicado que había superado satisfactoriamente el periodo de prueba y la empleada firmara un contrato laboral indefinido.
En uno de los correos electrónicos internos que S. A. remitió a J. C. L., el gerente de UPyD, tras invitar a la secretaria a pasar un fin de semana juntos, llegaba a afirmar: "El hecho de que esté casado no es ningún problema. Yo soy muy libertino".
Los mensajes se fueron sucediendo, pero siempre eran rechazados o ignorados por la empleada, según asegura su abogado. Hasta que, poco antes de las vacaciones veraniegas de 2010, S. A. llamó a J. C. L. a su despacho, en la sede central del partido, y le propuso abiertamente tener un encuentro sexual, ofrecimiento que ella volvió a desdeñar antes de salir apresuradamente del despacho, siempre según su letrado.
"No cumplía con sus funciones"
El directivo de UPyD no ha respondido a las numerosas llamadas de El Confidencial para que ofreciera su versión de los hechos. Sí lo ha hecho un portavoz oficial del partido, según el cual J. C. L. fue despedida porque "no cumplía con sus funciones", sin dar más detalles, aunque reconoce la existencia de esos correos subidos de tono y admite que pocos meses antes el mismo gerente que la despidió le había ofrecido mejorar su contrato temporal con otro indefinido, que la secretaria firmó.
"UPyD no tiene responsabilidad alguna en este asunto. Abrimos una investigación interna y llegamos a la conclusión de que no hubo acoso sexual. Además, ella pudo haber denunciado a la dirección del partido ese supuesto acoso y no lo hizo hasta que fue despedida, ni tampoco acudió luego a los tribunales", argumentó el mencionado portavoz.
El abogado de J. C. L. sostiene, en cambio, que si su cliente no puso antes los hechos en conocimiento de la dirección de UPyD fue "por miedo a las represalias y a perder su puesto de trabajo". Esas represalias, sin embargo, sí llegaron a producirse. Tras rechazar J. C. L. las propuestas sexuales de su jefe, tanto ella como las otras dos administrativas que trabajaban en la sede territorial del partido en Madrid empezaron a sufrir acoso laboral, según aseguran ellas mismas: trato vejatorio, cambios repentinos de turno, jornadas de fin de semana...
El abogado admite que animó a su cliente a acudir a la vía penal para denunciar a S. A. por acoso sexual, pero J. C. L. se opuso con el argumento de que quería proteger su intimidad y evitar a sus hijos y familiares el "bochorno" de que la denuncia saltara a los medios de comunicación.
Lo que sí hizo la ex empleada de UPyD fue denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo. El pasado 23 de febrero, una inspectora de este organismo remitió un escrito a esta formación política en la que exigía que, en un plazo máximo de dos meses, elaborase un plan de "evaluación psicosocial" que permitiese detectar los "riesgos" derivados de situaciones de "carga mental, estrés y acoso psicológico y sexual". Un portavoz del partido aseguró ayer a El Confidencial que esa "evaluación psicosocial" ya ha sido entregada a la Inspección de Trabajo, extremo que este diario no pudo verificar.
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